El dinero que ha conseguido ETA por los secuestros cometidos

El principal problema surge en una nación cuando comienza a olvidar su historia, con especial detalle a los que dieron su vida por ella. El Grupo Armado Terrorista ETA, gracias a un mal llamado “Derecho al Olvido”, está consiguiendo borrar su rastro de la principal hemeroteca mundial: Internet.

Afortunadamente quedan lejos los tiempos donde se abastecían de dinero en base a extorsión o secuestros de personas. Ahora están en las Instituciones. Los grupos políticos de apoyo han maquillado su imagen y gobiernan Ayuntamientos, Diputaciones, incluso están en las Cortes Generales de España.

El siguiente artículo que reproducimos del diario El Mundo sirva para dar a conocer, recordar cuando menos, los orígenes, hechos y actos terroristas de estos individuos que pertenecen a ETA, en cualquier parte de sus estructuras.

ETA: 38,5 millones en secuestros

El primero se llamó José Ángel Aguirre. En los estertores de la dictadura, un viernes 30 de octubre de 1970, ocho miembros de ETA lo retuvieron toda la noche en su propia casa para que al día siguiente les abriera la caja fuerte de la sucursal del Banco Guipuzcoano que dirigía en Elgoibar (Gipuzkoa). Tras lograr unos cuatro millones de pesetas, lo liberaron. El último fue Miguel Ángel Blanco. ETA capturó al concejal popular en 1997 y en dos días, sin rescate, lo asesinó. En esos 27 años, la organización terrorista y sus escisiones cometieron 86 secuestros, la inmensa mayoría -67 personas- empresarios, directivos, profesionales y familiares suyos, y todos salvo cuatro en democracia. Diez víctimas murieron asesinadas, 14 fueron liberados con un tiro en la pierna. Las Fuerzas de Seguridad sólo lograron liberar a seis, y únicamente dos consiguieron escapar del infierno. Con los rescates y con el dinero que les robó, ETA recaudó al menos 6.420 millones de pesetas de aquellos años, (38,5 millones de euros).

 

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La cuantía económica es aproximada, ya que resulta muy complicado que los secuestrados proporcionen esos datos, según explican los investigadores que suscriben el pionero estudio Los secuestros de ETA y sus organizaciones afines, 1970-1997: una base de datos, publicado en el último número de la Revista Española de Ciencia Política. El informe elaborado por el catedrático de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y director del Euskobarómetro Francisco José Llera y por el doctor en Ciencia Política e investigador posdoctoral del Euskobarómetro Rafael Leonisio, presenta una base de datos «inédita» sobre los 86 secuestros perpetrados por ETA y sus organizaciones afines, una lista en la que sólo aparecen los raptos premeditados contra personas que eran objetivo específico de la banda y no aquellos en los que la víctima era retenida durante unas horas, por ejemplo, para robarle un coche y cometer con él un atentado.

El repaso de los datos ofrece una serie de conclusiones importantes. Una es que los empresarios y su entorno fueron el objetivo principal. El 49% de los capturados -42 personas- fueron empresarios; el 6% -5 personas-, familiares de éstos; el 23%, directivos o profesionales -20 víctimas-. Lo que concuerda con que casi ocho de cada diez secuestros tuvieron una motivación económica o bien un trasfondo laboral. «La mayoría de los secuestros (el 51%) tuvo una motivación económica, es decir, se buscaba el cobro de un rescate (en la mayoría de los casos) o bien la apertura de alguna caja fuerte de un banco», explican Llera y Leonisio.

Además de para recaudar dinero, ETA utilizaba los secuestros de empresarios como «aviso o mecanismo intimidatorio» para aquellos que eran reticentes a pagar la extorsión terrorista, a la que ETA llamaba impuesto revolucionario. «En caso de seguir negándose, podían correr la misma suerte que el secuestrado», indican, «con el doble castigo de tener que pagar un rescate y sufrir el trauma de un secuestro».

La cifra de los 6.420 millones de pesetas debe tomarse con precaución. Puede ser mucho mayor. Según los datos recopilados por los investigadores de la UPV a partir del libro Terrorismo del socialista José María Benegas y de otras fuentes, la ETA de la dictadura habría obtenido unos 54 millones de pesetas y el resto lo habría recaudado en democracia. ETA político-militar (ETApm) logró alrededor de 656 millones, pero el grupo más «aventajado» -el que pervive hoy y continuó con la actividad terrorista hasta octubre de 2011- fue ETA militar (ETAm): con sus secuestros se embolsó unos 5.200 millones de pesetas.

Entre las víctimas también hubo autoridades y funcionarios públicos -seis- o políticos -otros seis-. Y sólo una mujer: Miren Elósegui, hija del propietario de la firma Boinas Elósegui y esposa del entonces gerente de la empresa. Los terroristas la liberaron en las inmediaciones de Tolosa (Gipuzkoa) en una madrugada de 1982, 13 días después de capturarla. Se embolsaron 25 millones de pesetas.

El estudio revela igualmente cómo fueron cambiando los tiempos, los actores y sus prácticas. Curiosamente fue una de las organizaciones menos mortíferas, ETA político-militar, la que cometió más de la mitad de los secuestros (46), aunque la mayoría fueron secuestros exprés (30), de menos de un día. Este grupo actuó en sintonía con las Brigadas Rojas italianas y otros grupos terroristas de extrema izquierda: secuestró mucho, pero por poco tiempo -durante una media de nueve días-, hasta su disolución en 1986. En coherencia con esto, ETApm «combinó la recaudación de dinero con injerencias en diversos conflictos laborales de la Transición».

 

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En cambio, los secuestros más largos los firma ETA militar. La organización más letal en democracia cometió menos secuestros (21) pero dolorosamente largos, con una media de 89 días por cada víctima. El 70% de los raptos de la nueva ETA duró más de 150 días. Los peores se dieron en los años 90: los empresarios Julio Iglesias Zamora, José María Aldaya y Cosme Delclaux. El récord de este macabro ranking llevará siempre el nombre del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que sobrevivió 532 días de 1996 y 1997 en condiciones infrahumanas.

¿Dónde se produjeron? También en esto parece tener mucho que ver el peso del empresariado. Salvo ocho casos, todos los secuestros tuvieron lugar en el País Vasco y Navarra, y especialmente en Bizkaia (43%) y Gipuzkoa (36%), quizá como reflejo de la mayor fortaleza de ETA en ambas provincias -por la logística que requiere el secuestro-, pero también por el mayor tejido económico y empresarial y la mayor conflictividad laboral de Bizkaia.

¿Y cómo reaccionó la sociedad? Es una de las preguntas más duras que Euskadi tiene por delante. En el caso de los secuestros -y excluyendo los raptos exprés por las escasas horas que duraban- el 52% no obtuvo «respuesta alguna». Los ciudadanos se movilizaron de forma minoritaria en los años del franquismo y la transición; y cuando había una concentración, era generalmente de los trabajadores de la empresa del secuestrado. Las cosas empezaron a cambiar a partir de 1986, cuando el rechazo a ETA saltó de forma continua a la calle con la aparición de Gesto por la Paz y la firma del Pacto de Ajuria Enea por parte de los partidos democráticos. Desde entonces, la contestación social creció «de forma excepcional» de modo que en esa etapa el 80% de los secuestros fue rechazado socialmente.

El empresariado ha sido uno de los sectores más atacados por el terrorismo nacionalista radical en todos estos años. Sin embargo, la amenaza que han sufrido es uno de las piezas del fenómeno de ETA que menos se han investigado. Este estudio viene a cubrir un «vacío» en torno a esa parte de la historia más negra del País Vasco y Navarra que también está analizando un potente equipo impulsado por la extinta Bakeaz -con Josu Ugarte al frente- y asumido por el Centro de Ética de la Universidad de Deusto bajo la dirección de Izaskun Sáez de la Fuente, concretamente en torno a la extorsión a los empresarios.

El trabajo empezó a mediados de 2012 y en él llevan trabajando estos dos años y medio 11 investigadores. Está previsto que no concluyan hasta 2016. El ambicioso proyecto -que en su parte empírica se basa por el momento en 60 entrevistas y 130 cuestionarios a empresarios en su mayoría extorsionados- ha contado hasta la fecha con sólo 6.000 euros de financiación del Gobierno vasco.

Los 10 asesinados

Diez de las 86 personas secues- tradas fueron asesinadas por ETA y sus organizaciones satélite: Ángel Berazadi. Director gerente de la empresa Sigma. 18/3/1976. Elgoibar. 22 días. Javier Ybarra. Ex presidente de Babcok-Wilcox. 20/5/1977. Getxo. 33 días. Alfredo Ramos. Propietario del bar Stadium. 23/1/1980. Barakaldo. 1 día. Mario González Blasco. Trabajador de la empresa Agruminsa. 2/8/1980. La Arboleda. 1 día. José Ignacio Ustaran. Miembro del comité ejecutivo de UCD de Álava. 29/9/1980. Vitoria. 1 día. José María Pérez López de Orueta. Abogado criminalista. 31/10/1980. San Sebastián. 1 día. José María Ryan. Ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz. 29/1/1981. Lemóniz. Ocho días. Alberto Martín Barrios. Capitán de farmacia. 5/10/1983. Bilbao.14 días. Francisco Arín. Directivo de Construcciones Electromecánicas Irura. 15/12/1983. Tolosa. 1 día. Miguel Ángel Blanco. Concejal del PP. 10/7/1997. Ermua. 2 días.

Fuente: El Mundo

Algunos Jueces en España tienen un criterio de la Justicia…

Hoy, día 19 de marzo, San José, festividad “Día del Padre”, hemos conocido una nueva estrategia de funcionarios de la Carrera Judicial en España con el empleo de Juez. Desde luego estos funcionarios no recuerdan a doña Carmen Tagle, don José Francisco Querol Lombardero o don Antonio Hernández Gil. Estos seres humanos fueron asesinados por la banda terrorista ETA, entre aproximadamente 1000 personas. Los autores de ello, sus seguidores y aquellos que continuaron sus fechorías, han encontrado a gente que trata de que cumplan menos años de condena o en situaciones más ventajosas. ¿Raro? Lee las noticias que te dejamos a continuación, ya que en España, cada día que pasa, nos alejamos más de la sorpresa y, quizá también, de la Justicia.

Jueces de la Audiencia maniobran para que la UE acorte las penas de etarras

El Tribunal Supremo (TS) sentenció en un pleno jurisprudencial el pasado 13 de enero que no se pueden descontar las penas a los etarras que fueron condenados a períodos de reclusión en cárceles francesas atendiendo a la Decisión Marco del Consejo de Europa. Con este fallo, se evita acortar las condenas a más de cincuenta miembros de ETA.

Contra la decisión de la mayoría del Pleno del Alto Tribunal seis magistrados -Cándido Conde Pumpido, Alberto Jorge Barreiro, Ana Ferrer, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Joaquín Giménez- firmaron un voto particular conjunto muy duro donde señalaron que estábamos ante una nueva “doctrina Parot” –donde se daría un varapalo a la justicia española- y que “ante la duda” sobre cómo aplicar la Decisión Marco de 2008 lo lógico era plantear una cuestión prejudicial de urgencia ante el Tribunal de la Unión Europea, en Luxemburgo, en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Dicho artículo señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, “con carácter prejudicial sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión”.

Ahora, ante la negativa de la mayor parte de magistrados del Tribunal Supremo para ir a Luxemburgo –nueve jueces votaron en contra- será la Audiencia Nacional la que estudiará en Pleno si se debe plantear o no dicha cuestión prejudicial.

Marlaska avoca a Pleno

Según ha podido saber Libertad Digital, magistrados de la Sección Tercera de este tribunal –que liberó a la etarra Carmen Guisasola por la Decisión Marco- y de la Sección Primera –que excarceló de forma polémica a los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola, decisión revocada por el Supremo- tienen intención clara de acudir al Tribunal de la Unión Europea al no haber quedados satisfechos con el fallo del TS y al entender que debe ser Luxemburgo la que señale cómo se debe interpretar el derecho comunitario.

Al conocer estas intenciones el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Fernando Grande Marlaska, decidió que debía ser el Pleno –compuesto por 19 magistrados- el que abordé esta cuestión de gran importancia puesto que hay más medio centenar de miembros de ETA que han solicitado a los tribunales españoles que se les descuente los años que han permanecido en prisión en Francia.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explican que lo más probable es que el Pleno donde se aborde esta cuestión se celebre después de Semana Santa puesto que hasta la semana que viene no finaliza el plazo de alegaciones dado a las partes.

De momento, la Audiencia deberá continuar aplicando el criterio sentado por el Supremo que impide excarcelar a más etarras.

Fuente: Libertad Digital

Esto es consecuencia de la siguiente noticia fechada el 13 de enero de este mismo año:

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este martes desestimar en medio de una fuerte división, por nueve votos frente a seis, el recurso interpuesto por el miembro de ETA Kepa Picabea Ugalde, a quien la Audiencia Nacional rechazó descontar los diez años de prisión que pasó en Francia al considerar que el licenciamiento ya estaba resuelto y no se podía abordar de nuevo.

La decisión es importante ya que hay más medio centenar de miembros de ETA que han solicitado a los tribunales españoles que se les descuente los años que han permanecido en prisión en Francia. El fallo del Supremo supone un portazo a estas pretensiones.

Aunque el Supremo ha estudiado este martes exclusivamente el recurso de Picabea, lo cierto es que el criterio adoptado en este pleno jurisdiccional se aplicará al resto de etarras que recurran a la Audiencia Nacional o el propio Supremo para solicitar su acumulación de condenas. Aunque los tribunales estudiarán caso por caso, todos jueces deberán a partir de ahora pronunciarse en contra de la acumulación de las penas a presos de ETA.

De esta forma, el Alto Tribunal ha dejado este martes en entredicho la decisión adoptada por la Sección Primera de la Audiencia que excarceló el pasado 4 de diciembre al exdirigente de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, inductor del atentado de Hipercor en el que fueron asesinadas 21 personas, y también al miembro de la banda Alberto Plazaola Anduaga, al descontar de las penas a las que fueron condenados los períodos de reclusión que cumplieron en cárceles francesas atendiendo a la Decisión Marco del Consejo de Europa, que se aprobó en 2008.

Sin consenso

Estas excarcelaciones, que ahora serán revocadas, se produjeron horas antes de que entrara en vigor la ley del Gobierno -que traspuso la Decisión Marco- donde se recogió que “en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010″.

En el seno del Alto Tribunal ha habido fallo de los magistrados pero no ha habido consenso. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, en el Pleno de este martes se ha escenificado una fuerte división de los 15 magistrados que componen la Sala en las dos votaciones que se han llevado a cabo con el mismo resultado: nueve votos frente a seis. La primera de ellas sobre si se debía plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo y la segunda votación sobre el recurso del etarra Kepa Picabea.

De hecho, la decisión acordada finalmente por la mayoría del Pleno contará con un voto particular conjunto de seis magistrados: Cándido Conde Pumpido, Alberto Jorge Barreiro, Ana Ferrer, Miguel Colmenero, Luciano Varela y Joaquín Giménez.

Según ha podido saber este periódico, todos ellos estaban a favor de “ante la duda” plantear una cuestión prejudicial de urgencia ante el Tribunal de la Unión Europea en virtud del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que sea este órgano quién resuelva cómo se debe aplicar la Decisión Marco. Al ser causa con preso la decisión de Europa llegaría en un plazo no superior a tres meses y así se “evitaría una nueva versión de la Parot” en palabras de un magistrado.

En contraposición, la mayoría del Pleno – nueve magistrados de la Sala Penal- han entendido que no cabía que estimar el recurso del etarra Picabea. Estos magistrados -Manuel Marchena (presidente), José Manuel Maza, Antonio del Moral, José Ramón Soriano, Francisco Monterde, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Andrés Martínez Arrieta- han sostenido que la Decisión Marco no es incompatible con la Ley Orgánica aprobada por el Ejecutivo, más bien todo lo contrario que la ley está amparada por la Decisión Marco, y que además dicha ley fija un plazo -agosto de 2010- que no permite acumular las condenas de los etarras.

A partir de ahora, el Supremo irá resolviendo los distintos recursos pero siempre en un mismo sentido: no se acortarán las penas a los terroristas.

Fuente: Libertad Digital

‘Recortan todo menos mi dolor’, Alejandro Urteaga, Guardia Civil, Víctima del Terrorismo

Desde que el 21 de noviembre de 2000 le estallara una granada lanzada por un etarra, a Alejandro Urteaga, suboficial de la Guardia Civil, la vida no ha dejado de dolerle. Le duele, porque a raíz del atentado arrastra una serie de secuelas que se lo recuerdan a cada momento. Le duele, porque parece que es el único que se acuerda. Porque todos los demás parecen haberse olvidado.

“A raíz del atentado desarrollé una fibromialgia, es decir, una enfermedad de los músculos que hace que te duela todo el cuerpo y apenas puedas hacer nada. Me han tenido que operar del estómago, de la garganta, quitar la vesícula… incapacidad total en acto de servicio por atentado terrorista“, explica Alejandro, al que ahora también le duele que Isfas le haya recortado la asistencia sanitaria.

En los últimos cinco años, el presupuesto de Muface, Mugeju e Isfas, las mutuas de los funcionarios del Estado, se ha reducido sustancialmente. Sólo Muface cuenta con 1.052 millones de euros menos, lo que ha provocado una disminución en la oferta sanitaria, cuadros médicos y centros hospitalarios disponibles para los empleados públicos. También desde hace cinco años, Alejandro acude a la Clínica del Dolor de Murcia una vez al mes para revisión y cada dos para que le inyecten sedantes en la columna que le palíen su fibromialgia.

Al menos, así fue hasta enero: “Cuando llegué al hospital me enteré de que el especialista que me había tratado siempre había sido retirado del cuadro médico. Además, la unidad del dolor se convertía en un servicio especial y cada vez que tengo que acudir a ella tengo que hacer muchísimo papeleo: del reumatólogo a la unidad del dolor, de ahí a Asisa y finalmente al profesional que me toque; no me lo están poniendo nada fácil. Lo hacen para que nos pasemos al modelo privado y paguemos”, asegura el suboficial de la Guardia Civil.

Desde que el 21 de noviembre de 2000 le estallara una granada lanzada por un etarra, a Alejandro Urteaga, suboficial de la Guardia Civil, la vida no ha dejado de dolerle. Le duele, porque a raíz del atentado arrastra una serie de secuelas que se lo recuerdan a cada momento. Le duele, porque parece que es el único que se acuerda. Porque todos los demás parecen haberse olvidado.

“A raíz del atentado desarrollé una fibromialgia, es decir, una enfermedad de los músculos que hace que te duela todo el cuerpo y apenas puedas hacer nada. Me han tenido que operar del estómago, de la garganta, quitar la vesícula… incapacidad total en acto de servicio por atentado terrorista“, explica Alejandro, al que ahora también le duele que Isfas le haya recortado la asistencia sanitaria.

 

Alejandro muestra un ttrozo de metralla extraída de su espalda

Alejandro muestra un ttrozo de metralla extraída de su espalda

En los últimos cinco años, el presupuesto de Muface, Mugeju e Isfas, las mutuas de los funcionarios del Estado, se ha reducido sustancialmente. Sólo Muface cuenta con 1.052 millones de euros menos, lo que ha provocado una disminución en la oferta sanitaria, cuadros médicos y centros hospitalarios disponibles para los empleados públicos. También desde hace cinco años, Alejandro acude a la Clínica del Dolor de Murcia una vez al mes para revisión y cada dos para que le inyecten sedantes en la columna que le palíen su fibromialgia.

Al menos, así fue hasta enero: “Cuando llegué al hospital me enteré de que el especialista que me había tratado siempre había sido retirado del cuadro médico. Además, la unidad del dolor se convertía en un servicio especial y cada vez que tengo que acudir a ella tengo que hacer muchísimo papeleo: del reumatólogo a la unidad del dolor, de ahí a Asisa y finalmente al profesional que me toque; no me lo están poniendo nada fácil. Lo hacen para que nos pasemos al modelo privado y paguemos”, asegura el suboficial de la Guardia Civil.

Juanjo Sanmiguel, portavoz del CSI-F, sindicato más representativo de las administraciones públicas, asegura que “para la gente que por ejemplo padece cáncer se trata de un grave problema, ya que cuando fueron a su hospital de siempre a recibir su quimioterapia les comunicaron que ya no podían ni tenían derecho a recibir tratamiento allí. Lo peor es que no ha sido el Gobierno el que les ha comunicado este cambio sino que se han enterado en el propio centro sanitario”.

“Desde que me han dicho que no voy a tener el médico de siempre tengo miedo. Un profesional que conoce tanto tu caso, que incluso ha llegado a no cobrarme consultas, y con el que tienes tanta confianza, supone un enorme trastorno para nosotros cuando nos lo quitan. Estamos hablando de enfermos en un estado crítico y es como volver a empezar. Vuelve todo: la depresión, las pruebas, los nervios”, cuenta Alejandro.

“Ya no vales, no eres útil, sólo eres una carga para el sistema”

A sus 41 años, el joven suboficial de la Guardia Civil toma 21 pastillas al día para combatir todas las secuelas del atentado, pero también las de los años que le han seguido. “No son sólo los dolores, que eso ya es mucho, también tengo que tomar pastillas para combatir la depresión psicológica en la que me dejó esta enfermedad y que me tuvo encerrado un mes y medio en un centro de salud mental. De repente, mi vida pasó a ser un doloroso viaje de ida y vuelta entre la cama y el sofá desapareciendo con él mi anterior vida. Mi trabajo, mi vida social. Se acabaron. Y ahora, me cambian el médico, me dificultan la asistencia al nuevo y yo sigo con la mismo tratamiento desde noviembre. Si me duele, me automedico. Estoy yendo a la aventura y es una muy peligrosa. Esta medicación no es para tomársela a broma pero no me queda alternativa”, explica.

A pesar de que es Alejandro el que tuvo una pérdida auditiva del 70% en el oído derecho y de un 57% en el izquierdo fruto de aquella maldita granada, es a él a quien no le escuchan. “No me siento valorado por las instituciones, soy víctima de un atentado terrorista en acto de servicio y parece que eso ya no cuenta para nada. Simplemente para que me autorizasen los audífonos estuve cuatro meses de burocracia interminable. Recortan y recortan, pero no recortan mi dolor”, se lamenta el suboficial de la Guardia Civil.

“La gente me dice que no me ve tan mal, que al menos me ha quedado una buena pensión. Pero no saben el macuto de 100 kilos a la espalda que representa el dolor. No me deja levantarme, hacer mi día a día, disfrutar de mi familia. Cuando ocurre el atentado todos los políticos están prestos a hacerse una foto contigo, pero ahora se olvidan de nosotros. Ya no vales, no eres útil, sólo eres una carga para el sistema. Me duele todo, pero lo que más, el olvido”.

Dos millones de funcionarios públicos y familiares afectados

El CSI-F denunció ayer en una carta al Ministerio de Sanidad que desde que empezó el año los recortes en las mutuas de los funcionarios han producido una disminución de la oferta sanitaria, cuadros médicos y centros hospitalarios que afecta a más de dos millones de personas. Es más, durante los últimos 5 años el presupuesto destinado sólo a Muface se ha visto recortado en 1.052 millones de euros. Desde el sindicato, apuntan a la «reducción paulatina de las aportaciones del Gobierno, la utilización irresponsable de los fondos de reserva y la reducción de los mutualistas en activo como los culpables de esta situación». «Estos recortes han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en sus centros habituales, algo que resulta especialmente grave en pacientes con enfermedades cardiológicas y oncológicas», denuncian desde la agrupación sindical. Además, los mutualistas no han podido decidir si se incorporaban al Régimen General de la Seguridad Social ya que cuando fueron avisados el plazo se había cumplido. En el caso de que desaparecieran las mutuas y se incorporaran todos, entrarían dos millones de personas más a la Seguridad Social, en su mayoría personas de avanzada edad, lo que supondría un sobrecoste en principio inasumibe para el sistema sanitario.

Fuente: El Mundo

De nuestros amigos y asociados se creó una gran confusión cuando algunos no se dieron cuenta del cambio, o cese de especialistas, con el nuevo concierto de ISFAS y MUFACE para asistencia de la salud.

Las Víctimas del Terrorismo tienen muy difícil demostrar que determinadas enfermedades provienen de las secuelas del propio atentado sufrido. ¿Creen que Alejandro Urteaga habría desarrollado esa enfermedad si no es por causa del atentado? Y no es el único dentro del colectivo. Un grupo de personas que se ha quedado apartado y aparcado del conjunto de la sociedad, quizá por razones de la llamada negociación de algún gobierno de España, o de otro que, quizá, haya transigido con acuerdos de tiempo atrás.

Desde S.O.S. VÍCTIMAS ESPAÑA pedimos a las Autoridades del Estado que tengan una mayor comprensión, apoyo y ayuda con los heridos, así como con sus familiares. La única razón de sus secuelas son haber sido españoles, en cualquier ámbito de la sociedad: Militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, políticos o personas que simplemente estaban cerca de alguno de los anteriores cuando fueron objetivo de un atentado terrorista.

Valentín Lasarte Oliden, terrorista de ETA y asesino: EN LIBERTAD

El exmiembro del ‘comando Donosti’ de ETA Valentín Lasarte Oliden, condenado a más de 370 años de cárcel por siete asesinatos, fue detenido por la Ertzaintza el 25 de marzo de 1996. Hasta entonces, participó, entre otros atentados, en los asesinatos de los empresarios José María Olarte y José Antonio Santamaría, del brigada Mariano de Juan, del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, el político socialista Fernando Múgica, el sargento de la Policía Municipal Alfonso Morcillo y del policía nacional Enrique Nieto.

Valentin Lasarte Oliden

VALENTÍN LASARTE OLIDEN

José Antonio Santamaría (19 de enero de 1993)

El 19 de enero de 1993, el ex futbolista de la Real Sociedad y empresario José Antonio Santamaría cenaba con amigos en la sociedad gastronómica Gaztelupe de San Sebastián con motivo del inicio de la Tamborrada. Valentín Lasarte acompañó al local al etarra Juan Antonio Olarra Guridi, que le pegó un tiro en la nuca. Tenía 47 años, estaba casado y tenía 3 hijos.

José Manuel Olarte (27 de julio de 1994)

La noche del 27 de julio de 1994, Valentín Lasarte se encontró casualmente con el empresario José Manuel Olarte, que cenaba con amigos en un restaurante de San Sebastián. Al reconocerle, acudió a su casa para coger con una pistola y volvió al local para asesinarle a sangre fría y por la espalda. Después, huyó con la ayuda de otro terrorista. Olarte tenía 42 años y estaba soltero.

Enrique Nieto (8 de junio de 1995)

En el asesinato del agente del Cuerpo Nacional de Policía Enrique Nieto también participó Francisco Javier García Gaztelu, alias «Txapote», pero el que apretó el gatillo fue Valentín Lasarte. Acompañado por un tercer etarra, Lasarte acudió al domicilio del agente mientras que «Txapote» esperaba en la furgoneta en la que huyeron los tres tras el asesinato. Tras una agonía de más de 4 meses, Nieto falleció el 9 de octubre de 1995. Tenía 46 años, estaba casado y tenía dos hijas.

Alfonso Morcillo (15 de diciembre de 1994)

En la mañana del 15 de diciembre de 1994 del policía municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo salió de su domicilio para ir a trabajar cuando fue asaltado por dos etarras que le asesinaron a sangre fría. En esta ocasión, Lasarte fue el conductor del vehículo que les trasladó hasta allí que les facilitó la huida. Además, había hecho el seguimiento previo a la víctima. Morcillo tenía 40 años, estaba casado y tenía das hijos.

Gregorio Ordóñez (23 de enero de 1995)

El 23 de enero de 1995, Gregorio Ordóñez comía en un restaurante de San Sebastián con varios compañeros del Ayuntamiento, entre ellos María San Gil. Unos meses después, en mayo, se celebrarían las elecciones municipales en las que Ordóñez iba a ser el candidato del PP a la alcaldía de la ciudad. «Txapote», Lasarte y Juan Ramón Carazatorre le asesinaron a bocajarro en presencia de sus colaboradores. El autor material fue «Txapote». Tenía 37 años, estaba casado y tenía un hijo.

Mariano de Juan (10 de abril de 1995)

El «modus operandi» elegido por ETA para asesinar al brigada Mariano de Juan fue el mismo que en los casos anteriores: tiro en la nuca. El 10 de abril de 1995, volvía caminando a su casa desde el Centro de Reclutamiento del Acuartelamiento de Loyola cuando un pistolera etarra se bajó de un coche y le pegó un tiro. El conductor del vehículo era Valentín Lasarte. Mariano de Juan tenía 37 años, estaba casado y tenía 2 hijos.

Fernando Múgica (febrero de 1996)

Fernando Múgica era el abogado de los empresarios Olarte y Santamaría, ambos asesinados con anterioridad por Valentín Lasarte. El 6 de febrero de 1996, en plena campaña electoral para las generales, se dirigía a un aparcamiento cuando fue asaltado por dos terroristas, que le pegaron un tiro en la nuca. Txapote fue el que disparó, mientras Lasarte encañonaba al hijo de la víctima, que se encaró con los asesinos. Los dos etarras se montaron en el coche que les esperaba y se dieron a la fuga. Tenía 62 años, estaba casado y tenía 3 hijos y un nieto.

Fuente: ABC

Estos son los rostros de sus víctimas asesinadas. ¿Creen que se ha hecho “JUSTICIA” al poner en libertad a semejante alimaña?

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Fuente: Te interesa

11 de marzo de 2015, Queremos saber TODA la VERDAD

Hoy, 11 de marzo de 2015, se han reunido otra vez, como cada día once de mes, un grupo de personas en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Sedientos de Justicia, hambrientos de Verdad, seguimos con tesón día a día, mes a mes, pidiendo algo simple para una víctima: despejar toda y cada una de las dudas que plantearon en la Sentencia del juicio por los atentados del año 2004 en Madrid. Fíjense que sólo pedimos JUSTICIA y VERDAD.

Esperemos que nuestras peticiones sean oídas.

A continuación puedes ver las intervenciones más importantes:

 

Don Gabriel Moris dirige unas acertadísimas palabras: